"Entre Comillas"

por Ernesto Morales

LAS ENMIENDAS

Tengo la sana intención de tratar de analizar la palabra Enmienda, que ha sido llevada y traída en innumerables ocasiones, además de ser objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los años, sobre todo al vincularla a la Constitución. Quiero aclarar que en ningún momento pretendo influir en el criterio que tengan los lectores sobre este tema. Simplemente expongo los datos tal y como los he leído en diversas informaciones, añadiéndolos a mis conocimientos generales para filtrarlos según mi estilo, y, por supuesto, incorporándolos a mi natural sentido común. Entre todos esos componentes he redactado este artículo.
¿Qué es una Enmienda? Según la Real Academia Española, el verbo enmendar no es otra cosa que subsanar daños, reparar errores, eliminar defectos, adicionar o reemplazar proyectos, dictámenes, informes, etcétera. Hay más definiciones, pero harían larga esta introducción al tema.
Desde la óptica política, una Enmienda es una propuesta de modificación a un texto legal, la cual debe ser presentada por un parlamentario o un grupo de ellos, debatida por sus pares y, solo puede entrar en vigor tras su aprobación.
Vamos por partes: La Constitución de Estados Unidos fue adoptada en 1787 y está vigente desde 1789. Es actualmente la más antigua del mundo civilizado y en este escrito solo me referiré a las Enmiendas más controversiales.
Por ejemplo, la Primera Enmienda protege los derechos a la libertad de religión y de expresión sin interferencias del Gobierno. La cláusula del libre ejercicio les prohíbe a las entidades federales, estatales, condales o municipales, que intervengan en la práctica del culto de las personas; pero el hecho de pertenecer a cualquiera de ellos, no le autoriza a nadie en aras de su compromiso espiritual, a atentar contra la vida de terceros.
En el caso de la libertad de expresión, vinculada a la misma Primera Enmienda, sucede otro tanto: se respeta la opinión de todos siempre y cuando no haya alguien que grite fuego en un teatro -siendo falsa la noticia-, debido a que provocaría una estampida del público que tácitamente podría poner en riesgo sus vidas. Este último ejemplo ha sido manoseado muchas veces por los que gustan debatir el tema.
Ahora deshilvanemos la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho contra la autoincriminación. Es decir, deben leérsele los derechos a los sospechosos de un acto delictivo, y estos pueden responder al interrogatorio -renunciando a sus derechos- o invocarlos, permaneciendo callados sin responder o solicitando un abogado. En un juicio no pueden ser obligados a declarar, salvo que ellos lo deseen.
Ahora, entrando un poco en el más sano debate, preciso dar un salto en la cronología de los acontecimientos y quisiera reseñar la Enmienda XVIII, que fue la llamada popularmente: «Ley Seca». Esta no era otra cosa que la prohibición de vender bebidas alcohólicas. Estuvo vigente por algo más de 13 años: desde el 17 de enero 1920 al 6 de diciembre de 1933, cuando fue derogada por la Enmienda XXI.
En una nota histórica relacionada debo agregar que desde finales del siglo XIX diversos líderes religiosos, mayormente de iglesias protestantes -populares entre los anglosajones-, insistieron en regular el consumo de alcohol, al cual culpaban de diversos males sociales. A ellos se les unieron algunos líderes sindicales de izquierda que también se oponían, catalogándolo como un símbolo de atraso y pobreza entre los obreros y empleados de bajo nivel que empezaban a poblar las ciudades. Ambos grupos, de tendencias filosóficas distintas, pero relativamente afines en sus criterios sociales, llegaron a obtener ciertos logros relacionados con la regulación del consumo del alcohol.
Sin embargo, el aumento de inmigrantes mostró una fuerte postura de antipatía con la restricción al consumo de licores. Al expandirse abiertamente la inmigración, la presión fue mayor. Además, los empresarios y fabricantes de bebidas con alcohol, viendo mermar sus ingresos, dieron paso al contrabando indiscriminado de los licores y se desató una violencia feroz en la sociedad de entonces. Guerras entre pandillas rivales que luchaban por hacerse con el control de la distribución clandestina de licores, a lo que se sumaba la natural tendencia de la población a manifestarse en contra de los mafiosos de uno y otro bando en un esfuerzo tenaz, pero en aquellos momentos infructuoso, de vivir en paz.
La Ley Seca había provocado que la delincuencia escalara a los niveles más altos del descalabro social, creciendo en lugar de disminuir, como suponían los políticos de la época y corrompiendo a las autoridades en todos los estamentos. Todo lo anterior, sumado al inocultable rechazo de las masas a la prohibición, generaban mayor impopularidad para sostener la Enmienda XVIII, la que, como se ha dicho, fue derogada, dejando abierta las puertas a la Enmienda XXI que permitía la venta de licores.
Ahora quiero retrotraer los acontecimientos y comentar la Segunda Enmienda, un documento que data del 15 de diciembre de 1791, sentenciada por la Corte Suprema, y la cual aclara que ninguna ley estatal o local puede restringir el derecho a poseer o portar armas. Esta Enmienda es parte de la llamada Bill of Rights o «Carta de Derechos» y los mismos tribunales de Estados Unidos han explicado en numerosas ocasiones el texto constitucional afirmando que el derecho a portar armas es un derecho individual que tienen todos los estadounidenses; pero también ha declarado que el derecho no es ilimitado y que no prohíbe la regulación de la producción y compra de armas de fuego o de dispositivos similares, con lo que queda abierta la brecha al debate siempre y cuando su objetivo sea en bien de la ciudadanía.
Desde finales del siglo XX, la Segunda Enmienda ha estado sujeta a un constante interés de orden tanto académico como político y judicial. Por un lado, los defensores del derecho a portar armas dicen, entre otras cosas, que un país armado es más proclive a llevar a cabo su legítima defensa, evitando que las autoridades puedan llegar a convertirse en gobernantes tiránicos.
Por otro lado, los que quieren mayor regulación esgrimen un argumento que aparece constantemente en las noticias: en Estados Unidos hay más de 300 millones de armas para 330 millones de habitantes, además de que mueren más de 100 personas a diario debido a conflictos, suicidios, balaceras y tiroteos de diverso origen y naturaleza que han aumentado hasta en un 30% en lo que va de año, con lo cual, queda entendido que el Gobierno debe tomar una decisión relativa al incremento incontrolable de este flagelo.
De cualquier modo, la población tiene sólidos argumentos para ventilar variadas tendencias en un plano civilizado, desarrollando un diálogo inteligente, de igual modo que el que llevaron a cabo los parlamentarios que discutieron las secuelas de la Ley Seca o Enmienda XVII en el seno de la sociedad.
La mesa quizás ya pudiera estar servida para el debate o quizás aún no. Todo depende de quienes y cómo analicen los factores en juego. Por lo pronto, observe el comportamiento de los ciudadanos y los funcionarios, valore sus propias opiniones y absténgase de emitir un juicio hasta que no esté totalmente convencido de sus puntos de vista en sintonía con su conciencia.